Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.– Este miércoles 30 de julio, la Mtra. Ana Laura Romero Basurto, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezó la entrega de Constancias de Registro Único de Contratistas (CRUC BALAM) a 12 empresas locales que acreditaron satisfactoriamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Padrón de Contratistas 2025 del Gobierno del Estado.
El acto protocolario se llevó a cabo en la Sala Anticorrupción y contó con la participación del Subsecretario Jurídico y de Prevención, César Antonio Ochoa Bartolón, y del Ing. César Eulieser Galdámez Pimentel, Coordinador de Verificación Externo de la Obra Pública Estatal y del Gremio Constructor.
Durante su intervención, la Mtra. Ana Laura Romero destacó que esta entrega representa un paso más en la consolidación de un modelo de gestión pública basado en la transparencia, la legalidad y la profesionalización del sector constructor, principios fundamentales de la Nueva ERA de gobierno que encabeza el Dr. Eduardo Ramírez.
“La confianza ciudadana se construye con hechos y resultados; al garantizar procesos claros y accesibles, estamos fortaleciendo las bases para que más empresas chiapanecas participen en condiciones de equidad en los proyectos de infraestructura pública”, afirmó.
Las empresas que recibieron la constancia CRUC BALAM son:
1. Construcción y Diseños Topográficos La Unión, S.A. de C.V.
2. Francisco Roberto Cano Arguello
3. Edin Rautel Osorio Ramos
4. Kasto Soluciones en Construcción y Acabados MX, S.A. de C.V.
5. Constructora y Materiales Miramar, S.A. de C.V.
6. Proyectos y Materiales Región Altos Tsotsil-Tseltal, S.A. de C.V.
7. Geobany Sánchez Díaz
8. Constructores Especializados AGGA Tacaná, S.A. de C.V.
9. Construgvisión y Modelos de Urbanización Integral del Sureste, S.A. de C.V.
10. Francisco Javier Rizo Laguna
11. Carmina Construcciones, S.A. de C.V.
12. La Caminera del Sureste, S.A. de C.V.
Con esta acción, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno refrenda su compromiso de seguir promoviendo una cultura de integridad, legalidad y rendición de cuentas en el ámbito de la obra pública, brindando certeza tanto a las empresas como a la ciudadanía sobre el manejo responsable de los recursos públicos.
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